En una audiencia que solo duró 10 minutos en la Procuraduría, la Cancillería de Colombia y la multinacional Thomas Greg & Sons no conciliaron en el pleito judicial por la anulación de una licitación para elaborar pasaportes.

Es por eso que la compañía anunció que demandará al Estado, ya que durante la audiencia de conciliación el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia señaló que tenía ánimo conciliatorio, pero "nada decía de la adjudicación del contrato a la Unión Temporal, presupuesto básico para lograr el acuerdo".

"Tampoco se pronunciaba en el sentido de aceptar o no los servicios adicionales ofrecidos como parte de la fórmula de arreglo y, lo más grave, desconocía el mandato del artículo 89 de la ley 2220 de 2022, que con total claridad señala que es el acta de acuerdo conciliatorio la que sustituye los actos que se quieren revocar, sin que sea necesario ninguna intervención del Comité", apuntó Thomas Greg & Sons en un comunicado.

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La multinacional hace énfasis en que el pasado 18 de diciembre la Procuradora Fernanda García puso en conocimiento de los interesados la respuesta del Comité, que había recomendado una conciliación.

Pero la procuradora manifestó "no tener competencia para decidir sobre la revocatoria, adjudicación y aceptación de los servicios adicionales; objeto esencial y único de la conciliación, todo en abierta contradicción con las normas especiales que regulan la conciliación en materia contencioso administrativa".

Thomas Greg & Sons afirmó que hubo "evidencia de la ausencia total de ánimo conciliatorio".

"Hoy, en la continuación de la audiencia, el apoderado del Ministerio manifestó que desconocía la fórmula de arreglo propuesta y ratificaba que el Comité no tenía la intención de modificar los términos en que expidió la certificación, con lo que, por ahora, se corroboró esa ausencia de ánimo y se frustró cualquier posibilidad de acuerdo", explicó la empresa.

La Unión Temporal procedió a formular la demanda para que sean los jueces de la República los que en derecho diriman la controversia. El dinero que exigiría la empresa es de 117 mil millones de pesos.